Asamblea aprueba reforma a la Ley de Tránsito: el proyecto ahora pasa al Ejecutivo
Asamblea aprueba reforma a la Ley de Tránsito: el proyecto ahora pasa al Ejecutivo
La propuesta obtuvo 87 votos afirmativos y plantea cambios para conductores, repartidores, usuarios de micromovilidad, escuelas de conducción y organismos encargados del control de tránsito. El presidente Daniel Noboa deberá decidir si la sanciona o presenta objeciones.
Reforma a la Ley de Tránsito plantea cambios para conductores, repartidores y usuarios de vehículos de micromovilidad.
Imagen: generada con inteligencia artificial con fines informativos
Por: Gabriela Cabezas
4 de septiembre de 2026
La Asamblea Nacional aprobó, este jueves 3 de septiembre de 2026, en segundo debate, el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con 87 votos afirmativos. La propuesta busca modificar diferentes aspectos del sistema de transporte y seguridad vial del país y, tras su aprobación, será remitida al presidente de la República, Daniel Noboa, para que determine si la sanciona o presenta objeciones.
La reforma, presentada como una transformación integral del sistema de tránsito, tiene entre sus principales objetivos fortalecer la seguridad vial, combatir prácticas relacionadas con la corrupción y el crimen organizado, modernizar los sistemas de control y establecer reglas nacionales para las nuevas modalidades de movilidad.
La propuesta actualiza disposiciones relacionadas con el transporte terrestre, el tránsito, el control operativo, la matriculación, la revisión técnica vehicular, los títulos habilitantes, los peajes y la protección de las personas afectadas por siniestros de tránsito.
Uno de los puntos que incorpora la reforma es la creación de un Registro Nacional de repartidores, dirigido a quienes realizan servicios de entrega a domicilio. El proyecto también establece responsabilidades para las plataformas digitales y fija estándares de seguridad para esta actividad.
La normativa reconoce además distintas modalidades de micromovilidad, entre ellas las bicicletas, scooters y otros vehículos, que deberán sujetarse a reglas nacionales relacionadas con su clasificación, características técnicas, límites de velocidad, condiciones de circulación y medidas de seguridad.
Con esto, la reforma busca establecer reglas comunes para la convivencia entre peatones, conductores y quienes utilizan estos medios de transporte.
Otro de los cambios está relacionado con los sistemas tecnológicos utilizados para controlar las infracciones de tránsito.
El proyecto prohíbe contratos vinculados con porcentajes de recaudación de multas, además de establecer disposiciones sobre la señalización previa de los controles y la homologación de los dispositivos utilizados.
La intención, según la Asamblea, es evitar que los mecanismos de control se conviertan en un negocio relacionado directamente con la cantidad de multas recaudadas.
La reforma también modifica aspectos relacionados con las licencias de conducir.
Entre las disposiciones aprobadas consta el reconocimiento de la licencia digital con plena validez legal. Además, se contempla la participación del Registro Civil en la emisión de estos documentos, mientras la Agencia Nacional de Tránsito mantiene sus funciones de rectoría, planificación, regulación y supervisión técnica.
El proyecto establece una moratoria de 365 días para la creación de nuevas escuelas de conducción.
Durante ese período se contempla la evaluación y auditoría de las escuelas existentes, con el objetivo de revisar la calidad de la formación que reciben los futuros conductores.
La medida busca ordenar este sector y establecer mecanismos de control sobre los establecimientos que participan en la formación de conductores.
La reforma también incorpora medidas dirigidas a proteger a quienes tienen mayor riesgo en las vías.
Entre ellas se encuentran los sistemas de retención infantil homologados, infraestructura segura, semáforos sonoros y ciclovías continuas.
Además, se garantiza la vigencia permanente de la póliza de accidentes para los pasajeros del transporte público.
Otro de los ejes de la propuesta es fortalecer la rectoría técnica nacional sin eliminar las competencias que corresponden a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
El proyecto diferencia las funciones de regulación y rectoría nacional de aquellas relacionadas con la ejecución descentralizada del tránsito. También contempla mecanismos de evaluación para verificar el cumplimiento de las competencias asignadas a los gobiernos locales.
En materia de control, la propuesta incorpora disposiciones para fortalecer la participación de la Policía Nacional en determinados sectores de la red vial estatal, corredores arteriales y vías colectoras.
La reforma plantea además que la revisión técnica vehicular tenga validez nacional, evitando diferencias entre jurisdicciones.
También contempla la centralización de la emisión de placas y la creación de mecanismos tecnológicos para mejorar la gestión de los peajes mediante un sistema nacional unificado.
No.
Aunque la Asamblea Nacional aprobó el proyecto con 87 votos afirmativos, todavía debe cumplirse el procedimiento constitucional antes de que las nuevas disposiciones puedan entrar en vigencia.
El proyecto será remitido al presidente Daniel Noboa, quien deberá analizar el texto aprobado y decidir si lo sanciona o si presenta una objeción.
El Ejecutivo puede aceptar el proyecto, plantear modificaciones mediante una objeción parcial, objetarlo totalmente o formular una objeción por inconstitucionalidad, de acuerdo con las reglas establecidas en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Una vez concluido este proceso, y si corresponde, la reforma deberá ser promulgada y publicada en el Registro Oficial. Su entrada en vigencia dependerá también de las disposiciones establecidas en el propio texto legal.
Por ahora, el dato concreto es que la Asamblea aprobó el proyecto y el siguiente paso está en manos del Ejecutivo.
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