Captura de pantalla tomada de la audiencia judicial
Redacción: La Noticia Duraneña
10 de septiembre de 2026
El expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo, Jacobo Bucaram Pulley, fueron sentenciados este miércoles 9 de septiembre de 2026 a 9 años y 4 meses de prisión, como colaboradores del delito de delincuencia organizada, dentro del denominado caso Pruebas COVID-19. El Tribunal de Garantías Penales de Quito emitió la sentencia luego de varios intentos fallidos para instalar la audiencia.
La decisión también alcanzó a los otros dos procesados en la causa. Leandro Berrones, exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), fue sentenciado a 13 años y 4 meses de prisión como autor directo del delito de delincuencia organizada. En el caso del ciudadano israelí Sheinman Oren, la pena inicialmente establecida era de 13 años y 4 meses, pero el Tribunal consideró su cooperación eficaz y aplicó una reducción del 80 %, por lo que finalmente recibió una condena de 2 años y 8 meses.
El caso se originó durante la emergencia sanitaria de 2020, cuando la Fiscalía investigó una presunta estructura de delincuencia organizada relacionada con la comercialización de pruebas rápidas para detectar COVID-19 y otros insumos médicos.
Uno de los principales elementos de la investigación fue la negociación de alrededor de 21.000 pruebas rápidas. La Fiscalía también investigó operaciones relacionadas con mascarillas, guantes, lancetas y otros productos utilizados durante la emergencia sanitaria.
Según la acusación presentada durante el proceso, la estructura habría obtenido beneficios económicos mediante estas operaciones y habría utilizado recursos y servidores de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito para facilitar el traslado de los productos desde Quito hacia otras ciudades.
Uno de los aspectos que marcó la sentencia fue la colaboración entregada por Sheinman Oren durante la investigación. El ciudadano israelí proporcionó información y elementos que fueron considerados relevantes por el Tribunal para reconstruir el funcionamiento de la estructura investigada.
Entre los elementos entregados estuvieron archivos, documentos, conversaciones y material audiovisual. Parte de esta información permitió a los investigadores identificar la participación de funcionarios y conocer detalles sobre el traslado de los insumos médicos durante la emergencia sanitaria.
El Tribunal consideró que la información proporcionada por Oren fue útil y comprobable, incluso para avanzar en investigaciones relacionadas con otros exfuncionarios. Por esta razón, aplicó el beneficio de cooperación eficaz y redujo en un 80 % la pena que inicialmente correspondía al procesado.
Abdalá Bucaram y Jacobo Bucaram fueron considerados colaboradores del delito de delincuencia organizada y recibieron una pena de 9 años y 4 meses de prisión cada uno.
La pena impuesta supera la sanción base prevista para quienes fueron considerados colaboradores debido a la existencia de agravantes valorados por el Tribunal. Entre estos se tomó en cuenta que las actividades investigadas se desarrollaron durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.
En el caso de Jacobo Bucaram, la sentencia también relaciona su participación con la logística para la recepción de cajas que contenían los insumos médicos investigados.
La causa judicial se extendió durante más de seis años y estuvo marcada por varios diferimientos y dificultades para instalar la audiencia de juzgamiento. La etapa de juicio finalmente comenzó en abril de 2025, después de varios aplazamientos.
La audiencia para conocer la sentencia también tuvo inconvenientes. La diligencia de este 9 de septiembre sufrió interrupciones debido, entre otros motivos, a problemas de conexión de la traductora que debía asistir a Sheinman Oren durante la lectura de la resolución.
El expresidente Abdalá Bucaram participó de manera telemática desde una clínica del norte de Guayaquil, donde permanecía bajo atención médica. Antes de la diligencia había solicitado el alta para poder escuchar personalmente la decisión del Tribunal.
La investigación fiscal sostiene que la estructura analizada habría negociado aproximadamente 21.000 pruebas rápidas para COVID-19 durante los primeros meses de la pandemia, además de otros insumos médicos.
El proceso buscó determinar la responsabilidad de los involucrados en las operaciones y en la utilización de recursos públicos que habrían facilitado el traslado de los productos.
Con la sentencia emitida este 9 de septiembre, el Tribunal estableció penas diferentes para los cuatro procesados: 9 años y 4 meses para Abdalá Bucaram y Jacobo Bucaram como colaboradores; 13 años y 4 meses para Leandro Berrones como autor directo; y 2 años y 8 meses para Sheinman Oren, luego de la reducción aplicada por su cooperación eficaz.
La sentencia corresponde a la decisión del Tribunal dentro del proceso penal y las partes pueden ejercer los recursos establecidos en la legislación ecuatoriana.
#Ecuador #AbdalaBucaram #Noticias #Guayaquil #LaNoticiaDuraneña